Durante
todo el tiempo que lleva el señor Pérez Molina al frente del gobierno, mientras
que hay más de 88,000 familias necesitadas urgentemente de comida, 3,250 toneladas de alimentos han
permanecido almacenados en los silos de Indeca, el instituto nacional que tendría
que encargarse de repartirlos entre aquellos grupos cuyos hijos sufren de una desnutrición
infantil fulminante.
Un
primer listado de familias a la espera de ayuda para sus hijos asciende a 88,000,
ha denunciado el Procurador de los Derechos Humanos, quien pidió explicaciones ante
el ministerio de Agricultura. El viceministro de seguridad alimentaria fue
citado al Congreso por la bancada de la UNE, el partido en el gobierno durante
la pasada magistratura.
El viceministro
Linares explicó que no se puede repartir ese alimento porque hay dos acuerdos
firmados por el ministro de Agricultura que lo impiden. Y se disculpó ante los
diputados aduciendo que no puede ir en contra de las órdenes superiores.
Si ayer
el diario El Periódico informaba de una caída en la popularidad de los
gobernantes, la noticia de la comida guardada
celosamente mientras que a cada hora mueren por hambre infinidad de niños en el país ha despertado toda una serie de
reacciones adversas, es más, iracundas, entre la ciudadanía. Y con razón.
La
opulencia de que hacen gala el presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios
de gobierno en materia de viviendas y vehículos, por nombrar apenas dos ítems,
choca violentamente con el número de infantes desnutridos que mueren de hambre todos los días.
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