viernes, julio 12, 2013

Sigue el crimen por los celulares

Aparentemente el Estado ha gastado 25 millones de quetzales en instalar redes especiales para impedir el paso de llamadas desde las cárceles, alrededor de las prisiones del territorio para evitar que los reos continúen ordenando asesinatos, extorsiones y toda clase de delitos desde la tranquilidad de sus celdas.

Hay dos entes que cargan con la inmensa mayoría de la culpa, sí, culpa, de que se continúe esa práctica funesta: En primer lugar las propias compañías telefónicas, cuyo afán de lucro no las debiera hacer esperar a que el Congreso pase la ley que les prohibiría engordar  sus ventas sin llevar un control como el que los ciudadanos exigimos desde hace años.

Como a los peces gordos de esas compañías no les ha tocado enterrar algún pariente ni pagar sumas millonarias por evitar el secuestro de algún familiar, les importa un pito la cuestión. No se les puede llamar más que sinvergüenzas.

Los otros desvergonzados son los diputados, que durante ya varios años vienen cobrando sueldos, bonos, dineros para comidas y bebidas, etc., sin trabajar. No hay nada como tener amarrado a un ministro de Estado a una banca de esas que hay en el pernicioso Congreso, cuyos miembros están más habituados a vagar que a trabajar.  En tiempos de Ubico podrían estar en la cárcel, si se les aplicara la famosa ley de la vagancia.

Hay leyes importantes esperando que los diputados decidan trabajar en vez de arreglárselas para evitar a toda costa que el partido en el poder (que siguió esa misma tónica, conste, cuando estaba en la llanura congresil) pueda desempeñarse dignamente. Bueno, a lo mejor ni con la acción del Congreso podría lograrse esa dignidad.

Y los guatemaltecos, borrregos que ponemos la cabeza bajo el arma que nos va a degollar. Si lo que sufrimos a causa de los celulares, los presos, los empresarios y los diputados sucediera en España, pongo por caso, la dichosa ley ya se habría aprobado. En Europa la gente se lanza a la calle por miles y hasta por millones para exigir lo que merecen. Especialmente si hay muertes y secuestros de por medio.


Y se los aprueban, dicho sea de paso.

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